Tragedia en Urda

España está de luto. Este miércoles,un choque entre dos trenes en Toledo se ha saldado con al menos 68 fallecidos y decenas de heridos. Una tragedia que se produce apenas nueve meses después del descarrilamiento de Adamuz en la misma línea Madrid-Andalucía, que se saldó con 46. En ambos casos, el Ministerio de Transportes y ADIF están en el centro de la cadena de fallos: en Adamuz, una fractura de carril en una soldadura defectuosa de la que ADIF tenía avisos previos y cuya investigación sigue parada; en Urda, el fallo del sistema de seguridad LZB seguido de una autorización «inexplicable» del centro de control de Atocha para que el AVE reanudara la marcha con señal en rojo y con el tren precedente parado. Este año, más de cien personas han muerto en España en trenes de alta velocidad.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha convertido en costumbre minimizar, retrasar responsabilidades y declarar que «el tren vive su mejor momento» mientras los retrasos y los cadáveres se acumulan. Se ha acostumbrado a reírse en la cara de las víctimas con bromas obscenas en televisión, a insultar a los usuarios de los trenes que le reprochan la depauperación del servicio y a hacerse la víctima cuando se le cantan las verdades del barquero.

La negativa de Puente a dimitir, su insistencia en descargar el peso en un operario y la ausencia de reformas reales tras Adamuz demuestran que este Gobierno no asume la responsabilidad política que le corresponde. España no puede seguir confiando la seguridad de millones de viajeros a un ministerio que ha suprimido unidades de emergencias, que ha permitido que las investigaciones se eternicen, que ha purgado a los técnicos de ADIF y que responde a las tragedias con comunicados de consternación y excusas técnicas. Si este Gobierno es incapaz de garantizar que los trenes no se estrellen y los españoles no mueran, no merece seguir gobernando. Lo analizamos en Objetivo directo.